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Foto del escritorSofía Speciali

Lo que el fuego se llevó: un análisis luego de los incendios ocurridos en la provincia de Córdoba


Hace pocas semanas, los incendios devastadores que ocurrieron en la provincia cordobesa llamaron la atención de todo el país. Cientos de bomberos, brigadistas y voluntarios se unieron para combatir el fuego. Pero a pesar del esfuerzo, enormes son los daños socioeconómicos y ambientales que las llamas provocaron, una vez más, en este territorio. En lo que va del año 2024, ya se quemaron más de 70.000 hectáreas (ha), afectando principalmente a las zonas serranas de la provincia (Figura 1).


Figura 1. Principales áreas afectadas por los incendios en la provincia de Córdoba en 2024. Fuente: Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/monitoreo-satelital-de-los-incendios-en-cordoba-y-san-luis 


Pero lo que puede haber parecido noticia, es una historia repetida para los habitantes de las sierras cordobesas, ya que esta región es una de las principales zonas afectadas por incendios de la Argentina: en el período 1999-2020 se quemaron más de 1 millón de ha, lo que equivale a aproximadamente el 40% del área serrana. Y en sintonía con lo que ocurre a nivel mundial, los incendios de los últimos años han sido los peores, marcando el 2020 un hito histórico a nivel provincial al ser uno de los años con mayor superficie quemada desde que se tienen registros recientes: hubo 208 focos de fuego y se quemaron 300.000 ha. 


Figura 2. Incendios en la provincia de Córdoba en 2020 (arriba a la izquierda), en 2022 (abajo a la izquierda) y en 2024 (derecha). Fuentes correspondientes: Ámbito, Río Negro, Indymedia Argentina.


¿Qué es lo que se está quemando? 


Las Sierras de Córdoba integran la zona más austral del bosque chaqueño, representando el único bosque nativo remanente de la provincia no afectado por la expansión de la frontera agrícola. En esta área, pastizales, matorrales y bosques serranos se alternan en un paisaje heterogéneo dando lugar a una variedad de ambientes que albergan una gran biodiversidad, la cual incluye varias especies de flora y fauna endémicas, es decir, que sólo pueden ser encontradas en estos ecosistemas (o en lo que queda de ellos). 


Su alto valor ambiental es reconocido por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos realizado bajo el marco de la Ley Nacional de Bosques (Ley N° 26.331). En este, el 58% de la zona serrana boscosa se identificó como de medio a muy alto valor de conservación (categorías amarilla y roja respectivamente). Esto implica que deben ser conservados sin sufrir cambios de uso de suelo, prohibiendo explícitamente esto último luego de ocurrido un incendio. A su vez, un importante porcentaje de la zona también es identificada como área natural protegida en normativas de orden municipal, provincial o nacional. 


A pesar de todo ello, estos ecosistemas son frecuentemente afectados por incendios. Si bien la provincia cuenta con una larga historia -de miles de años- en relación al fuego (al ser un disturbio natural modelador del paisaje chaqueño), en el último siglo, las actividades antrópicas han modificado de forma drástica el paisaje serrano y sus regímenes naturales del fuego, generando grandes impactos en el ambiente y en la resiliencia que tienen estos sistemas naturales para recuperarse de este tipo de eventos. 


¿Qué provoca estos incendios?


El régimen de incendios está determinado por factores ambientales y antrópicos. En cuanto a los primeros, los principales determinantes son las condiciones atmosféricas, el clima y el tipo de vegetación que se encuentra disponible como combustible. En este sentido, el clima de Córdoba presenta condiciones favorables para su ocurrencia, al contar con un invierno templado y seco, y la existencia de vientos fuertes y de temperaturas relativamente elevadas, principalmente en los meses de agosto y septiembre. Pero aunque estén dadas estás condiciones, sin una fuente antrópica de ignición, es muy poco probable que el fuego se propague, ya que la actividad humana es, en la mayoría de los casos (más del 90%), la que da origen a los incendios. Ya sean estos iniciados de forma intencional, accidental o por negligencia.


¿En qué contexto se dan los mismos?


Para comprender mejor la situación actual que aqueja al territorio, es necesario ir hacia atrás en el tiempo y entender que estos ecosistemas vienen siendo modificados desde hace varios siglos. Como plantea Deon (2020), la alteración y degradación de los ambientes serranos cordobeses tiene sus orígenes en la época colonial, cuando el ideario europeo irrumpió en las formas de vida de las comunidades habitantes del Gran Chaco; y se acelera a partir del siglo XX, cuando la lógica capitalista y extractivista devino en una mayor tala, desmonte y desalojo del bosque chaqueño para desarrollar actividades mineras, agropecuarias e inmobiliarias. La falta de políticas regulatorias para planificar y gestionar el territorio favoreció la expansión de estos sectores que amenazan y deterioran al bosque, fragmentándolo y reduciendo su superficie.


Aunque todas estas actividades siguen teniendo un rol importante en las dinámicas territoriales que suceden en la región, en los últimos años, el sector inmobiliario creció de manera exponencial, ya que la belleza paisajística que ofrece el lugar lo convierte en uno de los principales atractivos turísticos de la provincia, y en una de las zonas con mayor crecimiento demográfico y expansión urbana. En este sentido, la mercantilización de la naturaleza con fines desarrollistas, sin contar con una planificación sustentable a largo plazo, ha exacerbado y continúa generando los procesos de degradación ambiental y la segregación socioespacial de las comunidades locales.

 

Es en este escenario de deterioro socioambiental que se dan los -cada vez más frecuentes- incendios que afectan a la región. Todos estos disturbios antrópicos tienen un efecto sinérgico con el fuego, volviendo al ambiente más propenso a, y a la población más vulnerable de sufrir estos eventos. Además, la mayor ocurrencia de fenómenos extremos como las sequías y las olas de calor -consecuencia de la crisis climática- proporcionan las condiciones necesarias para que los incendios ocurran más reiterada e intensamente, y que se propaguen en una mayor extensión. 


A pesar de que se han sancionado leyes nacionales y provinciales [1] que buscan prevenir y manejar la ocurrencia de incendios, y por ello prohíben la actividad de quema que no cuente con una debida autorización, en Córdoba (al igual que en otras provincias) el fuego se ha usado -y se sigue utilizando- como una herramienta de gestión en varias ocasiones, siendo las principales fuentes de ignición. Entre ellas se utiliza:


  • Para el manejo pecuario, en la cual se quema la superficie para eliminar las coberturas leñosas y así “limpiar” el campo destinado al uso agropecuario, y también para promover el rebrote de los pastos durante la estación seca; 

  • Para la quema de residuos en basurales a cielo abierto, con el fin de reducir el volumen de basura y evitar plagas;

  • Y, como denuncian tanto investigadores locales como la población serrana defensora del territorio, el fuego es utilizado para degradar el bosque, y así, poder justificar el cambio de uso del suelo de estas superficies con fines inmobiliarios (lo que está prohibido por Ley). 


[1] Ley Nacional de Manejo de Fuego N°26.815; Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema N°26.562; Ley Provincial de Manejo del Fuego N°8751.


¿Qué impactos generan? 


Los incendios perjudican a la sociedad por diversos motivos: implican pérdidas materiales y emocionales al dañar las viviendas de los residentes, afectan a la salud de la población al degradar la calidad del aire y del agua, alteran el normal funcionamiento de los sistemas sociales (vial, educativo, sanitario, servicios) y económicos (al dañar producciones agropecuarias, infraestructuras y a la actividad turística), y, en el peor de los casos, provocan pérdidas de vidas. A su vez, afectan gravemente a la calidad del ambiente, ya que modifican la estructura del paisaje e impactan a la flora y fauna, al suelo y al ciclo hidrológico local.


Reducir a cenizas la vegetación (y dolorosamente, toda su fauna asociada) genera grandes alteraciones ecosistémicas. Donde antes existía un bosque que funcionaba como un filtro para las lluvias, un protector del suelo y un refugio para una gran variedad de animales, plantas, microorganismos y hongos, ahora hay una capa de cenizas sin vida en donde el suelo queda desprotegido y por lo tanto, más vulnerable de sufrir erosión y pérdida de fertilidad.


También conlleva a una menor infiltración del agua y por ende, a un aumento de la escorrentía superficial que produce un mayor riesgo por inundaciones. En otras palabras, la pérdida de bosques reduce la oferta de servicios y bienes ambientales que estos brindan a la sociedad, volviendo más frágiles a los sistemas socioambientales actuales y futuros.  


Otra grave consecuencia de los incendios es que, desafortunadamente, el fuego genera más fuego. Por un lado, porque las áreas quemadas son más propensas a sufrir nuevos incendios en los años subsiguientes. Esto se debe a que el bosque chaqueño perdido tarda entre 2 y 3 décadas en volver a ser lo que era antes. Lo primero que crece nuevamente es una comunidad de pastos y arbustos, los cuales son más inflamables, y en consecuencia, más factibles de quemarse.


Por otro lado, los incendios forestales liberan el carbono retenido por la vegetación a la atmósfera, siendo fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto, generando un mayor calentamiento global que agrava la crisis climática actual. Es así cómo se genera una retroalimentación positiva entre los incendios, las condiciones ambientales locales y el contexto climático global


¿Qué se necesita para romper con este ciclo retroalimentativo y evitar futuros incendios?


En este artículo sólo se hizo referencia a la situación que atraviesan las sierras cordobesas, pero lamentablemente, los incendios afectan a muchas zonas de nuestro país. Para disminuir la probabilidad de ocurrencia de estos eventos y sus daños asociados, se debe contar con un sistema de manejo de fuego eficiente, tanto a nivel nacional como provincial; lo cual implica contar con un plan integral que tenga en cuenta acciones para la educación, la prevención, la alerta temprana, el combate del fuego y la posterior restauración de las áreas quemadas. 


Se necesita un Estado que garantice la implementación de medidas preventivas y restaurativas, no uno que sólo se acuerde de los incendios cuando ya sea demasiado tarde, y estos estén ocurriendo descontroladamente. 


Se necesita que las Leyes existentes se respeten y se cumplan. Que realmente se investiguen los orígenes de los incendios para que degradar al ambiente no sea gratis, y que los cambios de uso de suelo irracionales dejen de ser la norma. A su vez, se necesita fortalecer el sistema científico, para poder seguir generando el conocimiento que permita diseñar medidas efectivas para proteger al ambiente optimizando los recursos disponibles. 


Se necesita un plan estratégico en el que se diseñen y apliquen medidas coordinadas con todos los actores involucrados de forma participativa, tanto para combatir al fuego, como para gestionar racionalmente a los territorios. Los intereses políticos y económicos no pueden seguir modificando los ecosistemas sin restricción alguna. Los megaincendios ocurridos en la provincia de Córdoba son un claro ejemplo de que no se puede garantizar un futuro sostenible y habitable si en la planificación regional no se prioriza la situación socioambiental particular de cada región, y la cada vez más acuciante crisis climática


Desgraciadamente, el contexto político actual de nuestro país no es muy esperanzador. Si bien históricamente los instrumentos políticos existentes para proteger nuestros ecosistemas nunca fueron ejecutados de forma adecuada, el retroceso y desfinanciamiento de la política ambiental que se está dando desde la asunción del nuevo gobierno es alarmante. Los ajustes presupuestarios y la reducción institucional degradan las herramientas de política pública ambiental y los derechos conquistados. Sin los recursos económicos necesarios, ¿de qué manera se garantizará el cumplimiento de los presupuestos mínimos de protección ambiental y social que establecen las leyes nacionales?


Además, el reciente conocimiento público de la emisión del Decreto 888/24 -por el cual se eliminó el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE)- luego de la catástrofe ambiental vivenciada en Córdoba, deja en claro las prioridades del gobierno, que parecen estar cada vez más alineadas con el detrimento de los bosques nativos, y de los invaluables recursos naturales que tiene Argentina.  


Frente a esta realidad, debemos seguir defendiendo más que nunca los derechos institucionales alcanzados en las últimas décadas, y reclamando su cumplimiento. Sin un ambiente sano, no hay futuro posible. Ni para los habitantes de las sierras cordobesas, ni para el resto de los argentinos. Y como establece el Artículo 41 de la Constitución Nacional, es deber del Estado garantizar este derecho a la sociedad actual y futura. 



Bibliografía consultada





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